LA EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL AUSTRALIANA: El debate sobre la protección jurídica de los derechos y el modelo del diálogo institucional

• Published in: Revista española de derecho constitucional Vol. 32; no. 95; pp. 95 - 138
• Main Author: VIEYTEZ, EDUARDO J. RUIZ
• Format: Journal Article
• Language: Spanish
• Published: CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2012; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
• Subjects: Australia; bill of rights; declaración de derechos; diálogo institucional; ESTUDIOS; institutional dialogue; legal protection; parliamentary sovereignty; protección normativa; supremacía parlamentaria
• ISSN: 0211-5743; 1989-0648

Australia se mantiene como el único país occidental que no dispone de una norma jurídica protectora de los derechos humanos. Esta excepcionalidad australiana ha dado lugar a interesantes debates en aquel país sobre la necesidad de incorporar una declaración expresa de derechos y sobre el instrumento jurídico a través del cual ello debe hacerse. La tradición jurídico-política británica a la que Australia pertenece condiciona estos debates, que apuntan en la actualidad hacia la adopción de un modelo de diálogo institucional similar al ya vigente en el Reino Unido o Nueva Zelanda. Por otro lado, tanto la propia Constitución australiana como la estructura federal del país plantean algunas dificultades jurídicas de cara a la adopción de un modelo de protección legislativa de los derechos. Australia is the only western country lacking a constitutionally entrenched or statutory bill of rights. This Australian exceptionality has opened the way to suggesting debates on the need of adopting an express declaration of rights and on the most suitable legal instrument through which this can be achieved. The British legal-political tradition of Australia shapes the dominant positions in this debate, which leads today to the adoption of a dialogue bill of rights similar to those already in force in the United Kingdom and New Zealand. At the same time, the current Australian Constitution and the federal structure of the country imply additional legal difficulties for the possible adoption of a statutory bill of rights in the Australian constitutional system.